El pasado 1 de octubre el CPCIBA representado por su Presidente, Lic. Viviana Sotura, fue convocado para actuar como veedor del Sorteo del Juicio por Jurados realizado en la sede de Lotería de la Provincia de Buenos Aires (La Plata). Casi 12 mil bonaerenses fueron preseleccionados para formar parte de los juicios por jurados en 2016. A través del sorteo, resultaron potenciales jurados aquellos ciudadanos cuyos tres últimos números de DNI fueron 180 y 742. Cabe destacar que la Presidente Sotura también ha participado del primer sorteo del Juicio por Jurados realizado en mayo del 2014 junto a las autoridades de otros Consejos y Colegios Profesionales de la provincia.
El primer número sorteado, el 180, alcanzó a 9.600 bonaerenses y se completó la cifra de 11.800 -que es el 10 por ciento del padrón electoral de 11.867.000 ciudadanos - con el 742. Esta cifra luego será depurada de acuerdo con los requisitos y condiciones que establece la Ley 14.543 de Juicios por Jurados. De acuerdo al sistema legal bonaerense el listado debe quedar conformado con una cantidad equivalente a un ciudadano por cada mil bonaerenses en condiciones de ser jurados. A partir de estos números se conformará un listado de candidatos a integrar jurados de enjuiciamiento en sus distritos durante el año 2016.
El ministro de Justicia, Ricardo Casal, se mostró "muy satisfecho por este sorteo y además por la marcha que han tenido los juicios por jurados. La Suprema Corte lo ha acompañado desde un primer momento y los distintos departamentos judiciales también. Se han realizado ya 23 juicios, hay unos 300 en espera, así que la Ley hay tenido un impacto enorme en nuestra ciudadanía".
El acto fue encabezado por el Ministro de Justicia Ricardo Casal. Supervisaron el sorteo las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCIBA), del Colegio de Abogados de la Provincia (ColProBA), del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y de la Fundación de Estudios para la Justicia (FUNDEJUS).
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