(Documento conjunto de los Consejos Profesionales de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Buenos Aires reunidos en la semana TIC de Córdoba a fin de expresar posición en contra del veto de la ley que creó el Consejo Informático de Mendoza). - Bajo la premisa “La informática es una actividad transversal, aplicable a todas las áreas del quehacer humano, y por ello es ejercida por un grupo cada vez mayor de gente” y que por ello no debe ser regulada; hace pocas semanas los informáticos de todo el país nos vimos sorprendidos ante el veto de parte del Sr Gobernador Lic Alfredo Cornejo, de la Provincia de Mendoza, de la ley 23.194 de creación del Consejo de Profesionales en Ciencias Informáticas, tras una virulenta manifestación en contra de la misma por varias de las entidades dedicadas al negocio, al “lobby” y la investigación, de la informática del país. Más allá de que toda expresión corpórea debe ser tenida en cuenta, muchos de quienes desde hace años nos dedicamos a la defensa de los principios y valores de los profesionales de la informática, los sistemas, las tecnologías y el conocimiento, nos hemos sentido sumamente sorprendidos y preocupados.
Dicha preocupación viene de la mano de quienes nos pretenden hacer creer que aquellos que desarrollamos la informática, los sistemas, las tecnologías y el conocimiento, somos “lo mismo” e “iguales” que quienes los comercializan y/o "hacen uso".
Es decir, pretenden sostener la idea de que son informáticos quienes usan y venden, exportan y defienden intereses de sectores de la informática, e incluso investigan, este sector Comercial/Empresarial se oponen a la matriculación profesional porque ella dicen, convertiría através de “la creación de una entidad corporativa destinada a proteger el privilegio de algunos para administrar una actividad que sostiene y apoya todo el quehacer de la sociedad.”, negando así la legítima colegiación de graduados, idóneos y expertos en la temática. No compartimos esta tesitura como profesionales que somos y nos sentimos, con control del ejercicio profesional, sus incumbencias y alcances de los títulos que la constitución nacional y las leyes nos confirieron hace años. Bien vale invitar a leer y sobretodo comprender los marcos normativos de regiones globales y países que lideran los desarrollos en informática, sistemas, tecnologías y conocimiento, que poseen legislaciones crecientemente regulatorias, como sucede por ejemplo en la Unión Europea, y de ese modo podrán verificar que las argumentaciones promovidas por los censuradores son totalmente falaces. Creemos que la informática, los sistemas, las tecnologías y el conocimiento existentes en equipamiento médico, en la industria aeronáutica, en servicios bancarios y financieros, en desarrollos bio y nano informáticos y de control, entre otros muchos, debe ser realizado por profesionales con matricula regulada, como lo señala la legislación vigente como la Ley 24521 de Educación Superior y normativas relacionadas que indican que “profesiones que comprometen el interés público, cuyo ejercicio pudiere poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, y por tanto, se hallan sujetos a la regulación del Estado ”
Interpretamos que la legislación vetada, establecía normas de control para que no se repitiesen algunas "atrocidades” de corrupción y desarrollos carentes de calidad estructural, realizados éstos por actores del “mercado informático” de otras profesiones o idóneos que hoy nos niegan.
La legislación de las entidades profesionales impone un marco regulatorio y ético a la profesión, al tiempo que deja en claro que los profesionales de las Ciencias Informáticas, merecen un tratamiento particular y no contemplado, debido a su proyectada inserción a través del software en el desarrollo integral del país en tiempos de cambio.
Asimismo, y en respuesta a uno de sus considerandos, creemos que quienes más se beneficiarían con su promulgación son los “idóneos” no graduados, los que podrían actuar a partir de la ley como verdaderos profesionales, además de poner muchas cosas en su lugar, como es la responsabilidad de los que no se encuentran en relación de dependencia, evitando la impunidad, el negociado y la ausencia de un correcto proceder.
Bregamos porque legislaciones similares se repliquen en todo el país, tal como ya preexisten, entre otras, las ya prestigiosas colegiaciones de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, quienes asimismo cumplen con la expresa disposición de los art. 121, 122, 123 y concordantes de nuestra Constitución Nacional.
Deben aceptar la aparición y su correspondiente regulación de disciplinas como la nuestra, que con un número superior a los 200.000 especialistas en todo el país, desde hace más de cinco décadas se dedican específicamente a conformar la profesión y al desarrollo técnico de la actividad.
La comunidad toda y sus entidades deben comprender la importancia de las leyes y su cumplimiento ya que por su ausencia o incumplimiento significará que en Argentina seguiremos dejando nuestras actividades en zona de riesgo social cuando desde hace décadas buscamos llevar al software nacional al nivel mundial de profesionalización que es necesario para estos tiempos, para el futuro y tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.
Documento conjunto de los Consejos Profesionales de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Buenos Aires reunidos en la semana TIC de Córdoba a fin de expresar posición en contra del veto de la ley que creó el Consejo Informático de Mendoza.